Artículo publicado en italiano en Il Fatto Quotidiano (28/12/2012)
“Amaia Egaña, consejera socialista del País Vasco, de 53 años, se suicidó cuando la comisión judicial se presentó en su domicilio a las 09:20 de la mañana. Abrió la puerta a los representantes de la ley que la iban a desahuciar, se subió a una silla y se tiró por la ventana de un cuarto piso. Murió al instante” (Resumen de noticia aparecida en los medios españoles el 09-11-12).
Estamos a punto de cerrar un annus horribilis en España debido a la crisis económica. No quiero entrar en las causas de esta tétrica situación –ya han sid
o largamente comentadas–, ni enumerar a los responsables que no han pagado por sus actos. Me parece más digno referirme a las miles de familias que estas navidades no han tenido un techo bajo el que celebrar nada. Gente que se ha convertido de la noche a la mañana en ‘clochards’ por haber entrado en la espiral fraudulenta de las ‘hipotecas sin saldo’.
La crisis ha provocado un aumento de los desahucios de pisos y locales de familias que, hasta hace muy poco, vivían sin dificultades económicas. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), sólo en este 2012, son más de 300.000 las personas desahuciadas. El 45% se quedaron sin hogar después de haber perdido su trabajo y no pueden seguir pagando hipoteca. La edad media se sitúa en los 42 años. Pero la cifra que ofrece la dimensión real de la gravedad del caso son los 500 desalojos forzosos diarios. Este drama ciudadano, que empezó por el año 2008, es un goteo constante y no acaba de resolverse.
Tal es así que, a partir del 2013, el INE publicará, cada tres meses, estadísticas de desahucios. Nunca antes había tenido que hacerlo. Los últimos datos oficiales que tenía eran del 2004. La coyuntura es tan especial que el gobierno ha tenido que recurrir a la información recopilada por la Plataforma ciudadana de Afectados por la Hipóteca (PAH). Según esta base de datos actualizada, el último mes de octubre se registraron en España la cifra récord de 532 desahucios al día. Un 80% de estos afectaban a familias con menores de edad.
Karma Peiró 