El diario The Journal News –un medio local del estado de Nueva York– publicó hace unas semanas un mapa en el que situaba los nombres y direcciones de los propietarios de armas en los condados Westcheter, Rockland y Putnam. La visualización apareció el 24 de diciembre, en el momento álgido del debate sobre la tenencia de armas en Estados Unidos.
Recordemos que tan sólo 10 días antes, Adam Lanza, de 20 años, había asesinado a 20 niños y 6 adultos de la escuela de Newtown (Connecticut). Los condados relacionados en el mapa del The Journal News se encuentran próximos al centro escolar de la matanza.
La noticia fue titulada: “El propietario de armas en la puerta de al lado. Lo que no sabe sobre las armas de su barrio”. En el artículo se expresaban las opiniones de varios vecinos indignados por la facilidad con la que un ciudadano común puede conseguir un revólver.
The Journal News sostenía que era imprescindible que esa información se hiciera pública y se amparaba en la Ley de Libertad de Información-FOA (Freedom Of Information Act) de Estados Unidos que permite a cualquier ciudadano acceder a los datos públicos que posee el gobierno norteamericano.
Pero lo que no pudo publicar son los detalles de los permisos como la cantidad o tipo de armas que tienen los titulares. Para ello hubiera necesitado una orden judicial. Según el diario, hay unas 44.000 licencias de tenencia de armas cortas en los condados de Westcheter, Rockland y Putnam, lo que equivale a una cada 23 adultos.
Diferentes versiones
En cuanto el mapa empezó a correr de una web a otra, blogueros, periodistas y profesores universitarios de periodismo iniciaron un interesante debate sobre si era correcto o no publicar los nombres y las direcciones de los domicilios de las personas que tenían armas.
Yo seguí el debate a través de la lista NICAR, de la organización internacional Investigative Reporters&Editors. Entre los múltiples mensajes que llegaron al respecto, periodistas de todo el mundo se preguntaban si es lícito publicar estos datos geolocalizados en un mapa.
¿Qué aporta dicha información al artículo? ¿Podría haberse escrito el artículo sin el mapa, extrayendo conclusiones generales a partir de los datos y que éstos hubieran permanecido ocultos en la redacción del medio? Es cierto que cualquier persona los puede solicitar, pero al ser publicados en su versión de papel y en la digital, le daba mucha más visibilidad a una información privada.
“Sabíamos que la publicación de la base de datos sería controvertida, pero consideramos que la información sobre permisos de armas en el vecindario es importante tras el tiroteo de Newtown”, dijo Janet Hasson, editora del The Journal News.
Lo que no imaginó el equipo de Hasson es que como represalia, el bloguero Robert Cox publicaría otro mapa interactivo con los datos más personales de los trabajadores del diario. Desde una fotografía de la casa donde viven, hasta teléfonos móviles, la cantidad de hijos que tienen y sus nombres, su cuenta de Facebook, etc. Una frase encabezaba el mapa de los periodistas: “Estar incluido aquí no significa que sea un reportero o editor responsable (del artículo), simplemente que es un reportero o editor (del medio)”.
“¿No hubiera sido mejor hacer un análisis periodístico destacando en qué zonas había más armas por cápita, contrastando las áreas más ricas y pobres, o si eran zonas rurales, urbanas o suburbanas? ¿Por qué publicar sólo los que tienen licencia de armas y no los que no tienen?“, fueron algunas de las preguntas que surgieron en NICAR.
Otra de las cuestiones que se plantearon los que estaban en contra del artículo fue si The Journal News había verificado la información que había obtenido de la base de datos. ¿Podría ser que alguno de aquellos vecinos ya no tuviera esa licencia? ¿O que ya no viviera en ese domicilio y se le relacionara con la tenencia de armas? En caso de verificarlo, ¿cómo lo hizo? ¿Llamando domicilio a domicilio? Probablemente, no existió tal verificación.
Desde hace años, Estados Unidos tiene la ley FOA que todavía no hemos catado en España. “Somos el país más grande de Europa que todavía no tiene Ley de Acceso a la Información”, recuerda Helen Darbishire, directora ejecutiva de Access Info Europe, una organización sin ánimo de lucro que lleva años luchando porque se abran los datos de las administraciones públicas en Europa.
No es la primera vez que se produce un debate similar en Estados Unidos. Tal y como se recuerda en NICAR, el Roanoke Times, un diario local de Virginia, ya se hacía las mismas preguntas en el 2007 a partir de la publicación de una base de datos similar. Y otros dilemas parecidos deben surgir a menudo relacionados con otros temas.
La cuestión es: ¿dónde está el límite que permite la publicación y geolocalización de datos públicos? ¿Nos podríamos imaginar publicar los nombres de los empresarios que han caído en la bancarrota a causa de la crisis?
¿Sería ético simplemente porque los datos son públicos y accesibles a cualquier persona?
Karma Peiró 
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